En lo sucesivo, han estado sonando con más fuerza las luchas por sentar las bases del Derecho Ambiental Internacional.
En el 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada “Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente”, y se sigue haciendo el camino.
Hasta ahora, gobiernos como los de Georgia, Armenia, Ucrania, Bielorrusia, Ecuador, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam consideran el ecocidio como un delito en sus legislaciones y lo castigan hasta con penas de cárcel por 15 años.
Pero, las simples intenciones y buenas voluntades de unos pocos no son suficientes. Aún no ha sido tipificado como tal en la legislación internacional, y la realidad es que se necesitan normativas estrictas y un mayor compromiso para proteger a la desamparada naturaleza.
Bien lo dijo Antoni Pigrau Solé, catedrático de derecho internacional de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y director del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), “de poco sirven los tratados internacionales como el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto si la adherencia de los estados es opcional, cada país aplica las medidas siguiendo su propio criterio y el incumplimiento del acuerdo apenas tiene consecuencias, más allá de una regañina administrativa”.