El daño masivo a los ecosistemas tiene nombre: Ecocidio
El cambio climático y el calentamiento global han creado las condiciones perfectas para la degradación de muchos ecosistemas, es cierto. Pero también lo es que en la actualidad, ambos fenómenos son causados por el hombre, el mismo que está arrancando árboles y contaminado el agua por dondequiera que pasa. El hombre se ha convertido en el peor de los males para el planeta. Es el autor intelectual y material de un grave delito contra la naturaleza y la vida misma, el ecocidio. Gracias a él, hoy el Amazonas está en un punto crítico, millones de hectáreas de vegetación australiana han sido consumidas por la llamas, el Chaco paraguayo está seco, las islas Borneo y Sumatra en Indonesia arrasadas por la deforestación, y miles de animales desaparecen cada año. Sigue actuando, sigue dañando y sigue impune.
Fue en la Cumbre Ambiental de Naciones Unidas de 1972, en Estocolmo, cuando se habló por primera vez del ecocidio. En ese momento, el entonces Primer Ministro de Suecia, Olof Palme puso sobre la mesa una acusación directa contra Estados Unidos. Le señaló por los daños ocasionados por la utilización de armas químicas durante la Guerra de Vietnam. Con mucha firmeza, plantó postura contra la devastación del territorio vietnamita y el asesinato de miles de personas gracias al uso del agente naranja, un potente herbicida. Pidió tratar la destrucción indiscriminada de un ecosistema como un crimen contra la humanidad. India y China apoyaron la iniciativa. Pero, no se consiguió más que la inclusión y posterior eliminación del ecocidio como delito en el borrador del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a principios de los años 90 y cinco años después, la creación de la llamada Convención sobre la Prohibición de Uso de Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Hostiles.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es el documento rector que establece los crímenes internacionales existentes: el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión
Desde entonces se usa la palabra ecocidio para hablar de las acciones humanas que deterioran directa o indirectamente a los ecosistemas, que pueden poner en peligro la biodiversidad y la vida de quienes habitan en él, y que pueden afectar su capacidad de autoregeneración. De modo que la extracción de minerales a gran escala, la actividad minera y la deforestación son tan solo algunos ejemplos de ecocidios.
Algunas consecuencias del ecocidio
La contaminación o destrucción de un área natural afecta inevitablemente al hábitat de animales, plantas y seres humanos:
- Con la contaminación del agua, derivada por ejemplo del derrame de crudo y productos químicos, se obstaculiza el flujo de oxígeno que permite el desarrollo de las especies acuáticas y se les expone, al igual que a los humanos, a la intoxicación o envenenamiento.
- La quema de combustibles fósiles se traduce en la liberación a la atmósfera de agentes contaminantes que terminan afectando la calidad del aire, y por tanto, causando afecciones respiratorias en la fauna y la población humana.
- La deforestación significa pérdida de nutrientes para el suelo, eliminación de sumideros de carbono, contaminación acústica, y más.
¿El ecocidio es un crimen?
Si se toma en cuenta su significado y todas las consecuencias que de él se derivan, obviamente se está ante un crimen, y muy grave, pues no solo vulnera los derechos de la naturaleza sino que también constituye una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Viola masivamente los derechos humanos. El asunto es que aun no se ha hecho lo suficiente como para ponerle freno a esa infinidad de crueldades a las que hoy son sometidos los ecosistemas de mundo. El ecocidio aún no es castigado con el rigor necesario.
Desde 1998 se ha propuesto que la Corte Internacional de la Haya lo considere como el quinto crimen contra la paz, la humanidad y la naturaleza. En el 2010, la abogada escocesa y líder de la ONG Integridad de la Defensa Ecológica (Ecological Defence Integrity o EDI), Polly Higgins, llevó el planteamiento ante la Comisión de Derecho de las Naciones Unidas y expuso la necesidad de crear un “deber jurídico de protección”. Sin embargo, al día de hoy se sigue esperando con ansias un pronunciamiento al respecto, que dé pie a una enmienda que permita la inclusión del ecocidio en el documento rector de la Corte Penal Internacional y lo someta a su presentación en una reunión de los Estados Parte del Estatuto de Roma, donde requiere de la firma de al menos unos 82 de los 122 estados miembros para proceder con su ratificación y ejecución y posteriormente la incorporación a las legislaciones nacionales.
"Necesitamos reforzar nuestro deber colectivo de cuidar y proteger el mundo natural y toda la vida que se alberga en él. La ley del ecocidio es una ley para proteger la Tierra".
En lo sucesivo, han estado sonando con más fuerza las luchas por sentar las bases del Derecho Ambiental Internacional.
En el 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada “Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente”, y se sigue haciendo el camino.
Hasta ahora, gobiernos como los de Georgia, Armenia, Ucrania, Bielorrusia, Ecuador, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam consideran el ecocidio como un delito en sus legislaciones y lo castigan hasta con penas de cárcel por 15 años.
Pero, las simples intenciones y buenas voluntades de unos pocos no son suficientes. Aún no ha sido tipificado como tal en la legislación internacional, y la realidad es que se necesitan normativas estrictas y un mayor compromiso para proteger a la desamparada naturaleza.
Bien lo dijo Antoni Pigrau Solé, catedrático de derecho internacional de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y director del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), “de poco sirven los tratados internacionales como el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto si la adherencia de los estados es opcional, cada país aplica las medidas siguiendo su propio criterio y el incumplimiento del acuerdo apenas tiene consecuencias, más allá de una regañina administrativa”.
La prioridad son leyes contundentes para amparar el bienestar del planeta, es una cuestión especialmente relevante en un momento en el que están siendo saqueados los territorios indígenas en busca de recursos minerales, cuando se comercian sustancias que agotan la capa de ozono, cuando se está acabando con miles de árboles para plantar monocultivos, cuando se están inundando los océanos con plástico, cuando la industria petrolera está acabando con la fauna sin piedad, cuando todos actúan de forma salvaje gracias a la tolerancia, la impunidad (y quizás, ¿por qué no?, la complicidad) de leyes ambientales locales, nacionales e internacionales, Estados y multinacionales que priorizan el interés económico por encima del ambiental, social y cultural, que tienen poco o ningún respeto por la naturaleza y defienden a capa y espada su ambición colonialista.
Son precisamente esos actores quienes se han encargado de imponer sus propias reglas de juego y complicar la aplicación de leyes que tipifiquen los delitos contra el medioambiente, pues gracias a sus maniobras perversas (saqueo, explotación, destrucción, desecho de residuos y por supuesto, corrupción) además de acrecentar la deuda ecológica, dificultan el poder demostrar una relación de causa efecto directa de la degradación medioambiental y los daños que esta ocasiona a las personas y los recursos para exigir responsabilidades legales.
Definitivamente se necesita con carácter de urgencia la creación de nuevos estamentos para la investigación, juzgamiento y sanción del ecocidio, y de una nueva base moral que considere inadmisible e inaceptable cualquier acción u omisión que cause un daño masivo a los ecosistemas naturales y que reconozca el valor de la Tierra.
