En Bolivia la minería también es irresponsable e irrespetuosa
Las actividades mineras conllevan serios problemas sociales y ambientales. De ellos, Bolivia no se ha escapado. Por años, comunidades campesinas e indígenas han sido testigos directos de cómo la industria vierte indiscriminadamente sustancias contaminantes en los espacios que les rodean. Algunos de ellos han tenido que unirse al sector por ver en él el único medio de sustento posible, teniendo que lidiar con pésimas y muy precarias condiciones de trabajo. Señales claras de que las normas, los controles y las instituciones que regulan la minería en Bolivia tienen grandes fallas a la hora de asegurar una eficiente y efectiva gestión social y ambiental.
La minería en Bolivia: un motor productivo contaminante
Como en Perú, la actividad minera en Bolivia se ha erigido como un sector estratégico para la economía nacional, hoy altamente dependiente de las exportaciones de minerales. Tan solo entre el 2006 y el 2012, le aportó al país unos 201 millones de dólares.
Por ello, el gobierno le ha tendido la mano y ha creado alianzas que le permiten evadir cualquier control ambiental que signifique un obstáculo en la generación de jugosas ganancias. Un contexto que, si bien para muchos es sinónimo de bienestar económico, lo que verdaderamente significa es la profundización del deterioro del medioambiente y, por ende, de las condiciones de vida de las comunidades rurales, las cuales han estado en el centro de las tensiones con el sector minero y el gobierno.
Ahora bien, aunque las grandes empresas son las más responsables de la degradación ambiental, también hay que decir que hay agrupaciones más pequeñas, como algunas cooperativas mineras, que violan las normas socio-ambientales. Estos casos abundan, por ejemplo, en la comunidad Pinaya, donde se extraen en promedio unas 20 toneladas de minerales, entre ellos zinc, oro, antimonio y plata, desde socavones improvisados y rústicos.
Plata, zinc, plomo, cobre, estaño y oro son los minerales que han marcado el rumbo de la actividad minera en Bolivia
Pero, aunque esta actividad extractiva se realice en condiciones rudimentarias, sin usar químicos y solo removiendo la tierra, es innegable que genera un impacto severo en el medioambiente, en la flora y la fauna. Peor aún, cuando se trata de la extracción de metales pesados, como el cadmio o el plomo.
No hay forma posible de que la extracción minera no termine llevándose todo a su paso. Acaba con los árboles, los animales y los cultivos, expolia la fuerza de trabajo. Saca el mineral y envenena los ríos, lagos, acuíferos y suelos con sustancias altamente contaminantes, que pueden conducir al hambre y la desnutrición.
A sabiendas de esta situación y pese a que en la actualidad el gobierno se maneja bajo el discurso de la protección de la madre Tierra, la Pacha Mama, la minería en Bolivia sigue en pleno auge.
- El Lago Popopó, uno de los más afectados
La minería en este espacio natural ha originado una alta contaminación. Según datos de un estudio realizado en el 2015, el lago recibe diariamente alrededor de 39Kg de cadmio, 73Kg de plomo, 821Kg de arsénico y 3969 kg de zinc. Niveles extremadamente altos que no han hecho más que contaminar el agua, los animales, la vegetación y por supuesto, que han afectado la salud de las personas que usan el agua del lago para sus quehaceres, entre ellos cocinar y bañarse.
Pese a ello, las empresas privadas, como la Sinchi Wayra–Illapa, siguen operando en la zona y obviamente, incumpliendo cualquier requerimiento en cuanto al control y monitoreo de la actividad minera.
El estudio del 2016 que acabamos de mencionar agrega que una de las razones por las que la minería se ha convertido en un grave problema en el Lago Poopó tiene que ver con que la actividad sigue siendo regulada por normativas que marginan a los actores comunitarios y limita los derechos de los indígenas, mientras que favorece a las más agresivas y controladoras empresas mineras.
Esto dice mucho acerca de la flexibilidad con la que finalmente se maneja el gobierno nacional frente a la minería.
- Glaciares bolivianos amenazados por la actividad minera
Los comuneros del municipio de Palca han denunciado con mucha preocupación el peligro que supone para los glaciares el desarrollo de la minería. Alertan que las aguas que escurren del nevado de Illimani, declarado como Patrimonio y Paisaje Natural de Bolivia en el 2012, afectan la disponibilidad del agua potable que utilizan para su subsistencia y para la producción agrícola.
A partir de este reclamo, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) emprendió una investigación que confirmó, pese a las negaciones del gobierno nacional, que en 17.226 hectáreas del Illimani, en el glaciar Mururata y otros ubicados en las cordilleras Real y Apolobamba había presencia de concesiones o arriendos mineros, como los de la Compañía Minera Amazona de Bolivia (Comabol) y las cooperativas Bolsa Negra y Cerro Negro que explotan principalmente wolfrán y zinc.
El CEDIB agregó que los nevados Illampu y Ancohuma y los glaciares Huayna, Cavayani, Canisa y Coruquini han corrido con la misma suerte. Una compleja situación que dejó al gobierno tras las cuerdas y no le dejó más opción que reconocer la existencia de tales autorizaciones para la explotación minera, aunque en el caso de la Comabol, señaló que 80% de sus concesiones habían sido anuladas y el restante 20% ya no operaba.
Ante tal respuesta, evidentemente no se hicieron esperar las reacciones de otras entidades políticas y cívicas, quienes denuncian que la contaminación minera en estas áreas significa una pérdida irreversible de agua dulce y amenaza la producción de alimentos para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto.
- El río Suches confirma que la minería no trae progreso
En el 2012 se registró un derrame de relaves mineros. Otro de tantos. Nuevamente como consecuencia del colapso de pozas de sedimentación construidas por mineros ilegales e informales en la zona de Apocollo Suches. Piedras, aceite negro y químicos altamente tóxicos se mezclaron con lo que alguna vez fueron aguas cristalinas. El río Suches, uno de los principales afluentes del lago Titicaca fue víctima de la ambición extractiva. Acto seguido, los pastizales, alimento del ganado, se vieron seriamente afectados. Las alpacas y los peces de río fueron terriblemente perjudicados.
Tres años más tarde, el gobierno firmó, junto a Perú la Declaración de Isla Esteves en la que Bolivia se compromete a restablecer las condiciones ambientales del Titicaca y sus cercanías, lo que incluía la recuperación de la cuenca del río Suches. Algo que parece haber quedado solo en el papel, pues en la actualidad en esta zona sigue en curso la extracción de oro y otros metales. Lo confirma otro derrame ocurrido en el 2019.
- En Potosí la minería es sinónimo de desolación
En la cuenca alta del río Pilcomayo también hay signos muy evidentes de los daños del mercurio y otros materiales tóxicos. Sus aguas ahora tienen un color muy distinto. Los desechos mineros unidos en un amarillo verduzco se han extendido y han acabado con todo a su paso.
Las cooperativas establecidas en el Cerro Rico y a lo largo del río La Rivera han tenido mucho que ver en esto, pues desde finales del siglo XVI se han dedicado a la extracción de recursos naturales empleando, entre otros elementos químicos, nitrato de amonio, ácido sulfúrico, y cianuro, lo que ha acelerado la depredación de las aguas del río y por consiguiente, la migración de campesinos e indígenas, principalmente los de las comunidades de los ayllus y los del Norte del departamento de Potosí quienes huyen despavoridos en busca de mejores condiciones de vida.
- En La Paz también hay consecuencias
Los ríos Teoponte, Mapiri y Yara, en el departamento de La Paz, también saben lo que significa tener cerca las manos inescrupulosas de la minería. En ellos, que ahora tienen aguas turbias con manchas de petróleo, han dejado de existir algunas especies de peces abure, suche y pacú como consecuencia de la llegada de plomo, mercurio y otros compuestos químicos derramados por cooperativas mineras que operan día y noche en la explotación de minerales.
- Oruro en emergencia
El año pasado, unas 89 comunidades de Oruro se declararon en emergencia por los alarmantes niveles de contaminación a los que la explotación de la mina San José les ha sometido. Sus pobladores demandan la falta de planes de remediación ambiental.
Aunque mucho se diga desde las filas del gobierno nacional acerca de la biorremediación como forma de restaurar un poco todo lo que ha destruido la minería en Bolivia, lo cierto es que se precisa del replanteamiento de los modos de vida y el desarrollo actual de la actividad extractiva. Qué bueno sería el tomarse en serio la reconversión de la matriz productiva en el país del altiplano y el alejarse de la dependencia a una minería irresponsable e irrespetuosa que sigue buscando millones de dólares debajo del suelo mientras en la parte superficial genera infertilidad y pobreza extrema.
