Como en Perú, la actividad minera en Bolivia se ha erigido como un sector estratégico para la economía nacional, hoy altamente dependiente de las exportaciones de minerales. Tan solo entre el 2006 y el 2012, le aportó al país unos 201 millones de dólares.
Por ello, el gobierno le ha tendido la mano y ha creado alianzas que le permiten evadir cualquier control ambiental que signifique un obstáculo en la generación de jugosas ganancias. Un contexto que, si bien para muchos es sinónimo de bienestar económico, lo que verdaderamente significa es la profundización del deterioro del medioambiente y, por ende, de las condiciones de vida de las comunidades rurales, las cuales han estado en el centro de las tensiones con el sector minero y el gobierno.
Ahora bien, aunque las grandes empresas son las más responsables de la degradación ambiental, también hay que decir que hay agrupaciones más pequeñas, como algunas cooperativas mineras, que violan las normas socio-ambientales. Estos casos abundan, por ejemplo, en la comunidad Pinaya, donde se extraen en promedio unas 20 toneladas de minerales, entre ellos zinc, oro, antimonio y plata, desde socavones improvisados y rústicos.