Chile, también ha vivido de cerca episodios de racismo ambiental. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el basural de Boyeco, en la Araucanía recibía hasta el 2016 (año en el que se ordenó su cierre) alrededor de 11.500 toneladas de basura cada mes, y esto jugaba en contra de la calidad de vida de las 30 comunidades mapuches asentadas en los alrededores. Colegios, consultorios médicos, viviendas, todo estaba repleto de basura, vectores y roedores. Aumentaron los casos de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel; y las tierras aledañas que eran dedicadas a la actividad agrícola quedaron improductivas, lo que significó, además, la pérdida de la principal actividad económica local.
En este país latinoamericano crecen los señalamientos contra las concesiones de recursos naturales al capital transnacional que solo piensa en sus ganancias e ignora los daños que sabe que va a ocasionar con su feroz discriminación ambiental. Casos similares ocurren en Colombia y Brasil, donde los gobiernos han abierto las puertas de las reservas naturales a la agricultura y ganadería intensivas y actividades extractivistas que arrasan con cientos de hectáreas de vegetación, acaban con la vida animal y perjudican a la población con altísimos niveles de contaminación del aire, suelo y agua con el uso indiscriminado de sustancias químicas y grandes maquinarias.