Por años, lamentablemente, muchos gobiernos han delegado en empresas privadas la responsabilidad de gestionar y distribuir el vital líquido. Ellas, obviamente, lo han hecho pero priorizando sus propios intereses y no el derecho humano a un acceso justo.
Actualmente, son muchas las mega-trasnacionales que intentan monopolizar el abastecimiento de agua en el mundo. Lejos de cumplir su promesa de mejorar el servicio de suministro lo que han hecho es excluir a los grupos más débiles, en especial a la población rural y a quienes cuentan con menos recursos económicos.
La privatización del agua se ha convertido en un negocio redondo para las grandes corporaciones, pero para la población es un agravante de las desigualdades. Mientras grandes corporaciones venden agua “pura” embotellada y se jactan de obtener miles de millones de dólares en ganancia, cientos de poblaciones no tienen acceso a agua limpia.
Es tan así que datos de la Unesco aseguran que los países de menos recursos llegan a pagar hasta 50 veces más que los países ricos por un litro del vital líquido.
Una razón suficiente para que se produzcan conflictos hídricos entre empresas y comunidades, pero también entre poblaciones con una clara brecha social.