El T-MEC entra en vigor el próximo primero de julio. Se trata del histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA por sus siglas, pero con una serie de cambios impuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca, insistió para su renegociación, hasta lograr su cometido.
Si bien sus firmantes aseguran que se trata de una “versión mejorada” del viejo acuerdo que data desde la década de los 90, la cuestión es que cuando se mira con lupa lo que propone este mecanismo, en cuestión de semillas, que es la materia que nos ocupa hoy, de mejor no parece tener nada.
El T-MEC pide entre otras cosas, que México modifique sus leyes respecto al uso de semillas, obligándolo a adoptar una legislación internacional sobre la llamada “protección de obtenciones vegetales”, que data del año 1991 y que está hecha a medida de los intereses económicos de unos pocos.
Y a pesar de que el tratado comercial tripartito le da un período de gracia a México de 4 años para que tenga una margen de maniobra amplio para la discusión de un tema tan complejo como este, la decisión de ir posicionando el tema de la privatización de semillas en el país norteamericano obedece a que se ha presentado ante el Congreso de Ley Federal de Variedades Vegetales, con el que se busca beneficiar a empresas que tienen el monopolio del sector semillero a escala internacional.
Los políticos que promueven esta iniciativa, buscan acelerar el proceso, aprovechando el descuido de la ciudadanía que está concentrada en sortear los estragos de la pandemia por COVID-19, pero de darse luz verde al proyecto de ley, se estaría echando tierra a una práctica ancestral como los es el cultivo de maíz en México.