La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística del 2018 indicó que 2,5% de los españoles viven por debajo del umbral del riesgo de pobreza. Esto significa que 10 millones de personas están en estado de indefensión, sin recursos para asumir gastos de alimentación, estudios, salud o servicios básicos, como agua, gas o luz.
Por su parte, Greenpeace declara que 15% de la población española, unos 6 millones de personas, no es capaz de mantener una temperatura cálida adecuada en sus viviendas durante el invierno. Y, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las comunidades autónomas más vulnerables son Castilla y León, Extremadura y Murcia.
La Organización Mundial de la Salud refiere que estas cifras dejan a la luz evidencias de la desigualdad social y la exclusión, que inciden directamente en la salud y la esperanza de vida de las personas. Según sus cálculos, la pobreza energética en España deja cada año más muertes que los accidentes de tránsito: alrededor de 7.100 personas. Insuficiencias respiratorias, complicaciones cardíacas y problemas mentales son algunos de los riesgos a los que quedan expuestos quienes viven con restricciones de energía, sufriendo por los impagos de las facturas o cortes en los suministros.