El Primer Plan de Energías Renovables (PER), que rigió entre 1997 y 2007, estableció primas a las energías alternativas que debían ser costeadas por los consumidores, lo que repercutía en las facturas eléctricas. Priorizó la electricidad proveniente de estas fuentes por encima de las generadas por combustibles fósiles y planteó la integración de las plantas fotovoltaicas a la red general de suministro.
Luego, el Plan de octubre de 2008 rebajó las primas. Eso permitió el aumento de las inversiones en fotovoltaicas.
Más tarde El Real Decreto de Autoconsumo (aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno de España) habilitó la figura del autoconsumo colectivo en la que varios consumidores pueden asociarse a una misma planta de generación, redujo los trámites administrativos para la instalación y consumo de energía fotovoltaica, y estableció un sistema de compensación económica por la energía autoproducida y no consumida.
Esa norma llegó para completar la derogatoria del “impuesto al sol” el cual se aplicaba a la energía autoconsumida instantáneamente, aunque no pasase por la red. Solo se eximía a las instalaciones de potencia menores a los 10 kilovatios.
Estas modificaciones recientes se implantaron con el objetivo de reducir el consumo de energía producida a base de combustibles fósiles y de esta manera cumplir con las obligaciones adquiridas en materia de lucha contra el cambio climático.