Bajo esa línea, desde 1994, se comenzaron a otorgar concesiones a las comunidades para ayudar a conservar el bosque. Por estos días, alrededor de 24 mil personas, se encargan de administrar el 20% de la biosfera, unas 400.000 hectáreas.
Estas comunidades realizan contratos con agencias gubernamentales y ONGs para realizar patrullaje forestal, prevención de incendios, y disminuir las emisiones de carbono. Estos contratos entonces, no son solo son a favor del bosque sino que su vez son la fuente de ingresos de estas comunidades. Adicionalmente, promueven la agricultura de productos no tradicionales y el turismo sostenible, y controlan la tala de árboles en la zona. De modo que las comunidades pueden viven del bosque por medio de su conservación.
El trabajo de estas concesiones ha sido reconocido mundialmente como un plan exitoso.
En marzo de 2019, un informe presentado en una reunión del Banco Mundial en la ciudad de Washington, habló de una relación positiva entre el progreso socioeconómico de la reserva y la conservación de las áreas bajo concesión. Según reza el estudio, “El ingreso forestal, su reinversión y el acceso a financiamiento local y externo han permitido a las empresas
comunitarias diversificar sus actividades, generar un mayor valor agregado, desarrollar nuevos productos e insertarlos en cadenas de valor de productos forestales maderables y no maderables.”