De acuerdo a la ONU, después del narcotráfico y la trata de personas, el tráfico ilegal de especies es el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, abarca un mercado anual de entre 10 mil y 26 mil millones de dólares.
En Antioquia, capital de Medellín, es común ver cómo se transportan vía terrestre toda clase de especies, las cuales son principalmente extraídas de las selvas de Córdoba, Chocó o Urabá.
La gente que compra estos “animalitos” no mide la dimensión del daño que causan, pues incluso entre las especies que más se compran se encuentran animales como los monos arañas o el churuco, que son especies que se encuentran amenazadas o en situación de vulnerabilidad.
Expertos destacan que cualquier espécimen que es extraído de su hábitat natural, para llevarlo a una casa como mascota, solo por diversión, o moda, es un animal que está muerto para la vida, puesto que estos animales se encuentran en un hábitat específico, no solo para llenar espacio, sino para cumplir una función biológica y ecológica en el ecosistema donde nacen.
Para que se tenga una idea del grave problema que representa la domesticación de los animales silvestres, tan solo en el Valle de Aburrá, al año, autoridades rescatan 5.500 ejemplares, además, según la policía ambiental, en 2017 incautaron 23.600 animales silvestres domesticados en toda Colombia.
Para evitar el comercio de animales silvestres, la legislación colombiana prohíbe a los veterinarios a atender este tipo de animales, a menos que tengan una autorización. ¿Qué se busca con todo esto?, que quienes tengan en su poder a este tipo de animales se vean forzados a devolverlos. Cuando estos requieran algún tipo de atención, en medio de este contexto, es importante destacar que aquellas personas que deciden regresar estos animales a las autoridades no son sancionados, no pasa así con los traficantes de estas especies, quienes en Colombia se exponen a penas de hasta ocho años de prisión, así como multas millonarias.