Desde hace más de 20 años, el gobierno colombiano ha publicado documentos similares en los que determina las cantidades de pesca y/o extracción de especies marinas en el país, por lo que considera que en la actualidad el rechazo es producto de la desinformación.
Desde el Ministerio de Ambiente, se ha dicho que la resolución lo que busca “es ejercer un control sobre la comercialización y desalentar la pesca ilegal y el aleteo (práctica en la que cortan las aletas y se arroja el cuerpo del tiburón al mar nuevamente), no generar confusión” y que está pensada para garantizar “una biomasa remanente en el mar que permita la sostenibilidad de la especie”.
Según aparece en el papel, las cuotas de pesca se establecen tomando en cuenta la población de cada una de las especies y el número de personas que dependen de ellas para no afectar la seguridad alimentaria de estas. Sin embargo, para Felipe Ladino, ecólogo de la Fundación Malpelo, la medida aprobada es preocupante puesto que en el país el consumo de aletas de tiburón es realmente bajo. Explica que para obtener 2,1 toneladas de Sphyrna corona, por ejemplo, habría que matar al menos a 110.000 tiburones, lo que repercutiría en la salud de los ecosistemas marinos.
Landino, miembros de la Fundación MarViva y otros grupos ambientalistas coinciden en que con esta resolución se incentiva la captura y matanza de tiburones que están incluidos en el Libro Rojo de peces marinos de Colombia, en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación y la Naturales (UICN) y en el Apéndice II de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES).
De ahí que reunidos en un mismo sentir, los ambientalistas consideran que las cuotas permitidas son exageradas y exigen que se retire la resolución. Han recogido millones de firmas que han sido asentadas en la plataforma ‘change.org’ con el objetivo de que el Ministerio de Agricultura eche atrás lo que creen es “inadmisible”.