Río Magdalena, nuevo sujeto de derecho
Autoridades nacionales y locales de Colombia deben garantizar la protección de esta fuente hídrica: el río Magdalena.
El río Magdalena es un gran atractivo colombiano, pero en los últimos años ha sufrido las terribles consecuencias de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Situación que generó gran preocupación en algunos grupos ambientalistas, tanto que decidieron llevar esta alerta hasta la instancia penal y exigir la protección del afluente. Y… ¡Buenas noticias! Lo lograron.
Andrés Felipe Rojas, Óscar Páez y Daniel Leandro Sanz del partido Alianza Verde presentaron una tutela en contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el municipio de Neiva, para solicitar cambios en el ordenamiento jurídico a favor del río Magdalena.
Los accionantes de la tutela sustentan que la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo «ha generado contaminación como consecuencia del llenado del embalse y la biomasa inmersa, hecho que dio lugar a la afectación aguas abajo del embalse y el vertido de aguas servidas originadas en los municipios ribereños». Consideran que con ello se están vulnerando los derechos fundamentales a la salud, al agua, al medio ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida digna de las comunidades que habitan en las zonas aledañas a tan importante fuente hídrica.
Los alegatos fueron revisados por el juzgado penal del circuito de conocimiento de Neiva, quien tomó una decisión que llama a la participación activa de la sociedad. Declaró que “el río Magdalena, su cuenca y sus afluentes son una entidad sujeta de derechos a la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”, Enel-EMGESA (la empresa que opera la represa de El Quimbo) y la comunidad en general.
¿Qué establece este fallo judicial?
La providencia establece que es necesario:
- Implementar y desarrollar estudios de planeación y construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR) con el objetivo de no contaminar más el río.
- La ejecución y rendición de cuentas, por parte de las autoridades nacionales y locales, de medidas que garanticen la preservación del río. Deben entregar informes semestrales.
- La creación de una comisión de “guardianes del río Magdalena”, la cual deberá monitorear y controlar acciones a favor del río. Según reza la providencia, debe estar integrada por dos representantes del Gobierno Nacional (uno del Ministerio de Medio Ambiente y otro de Cormagdalena), uno de la Gobernación del Huila y uno de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). Podrán participar también universidades, centros académicos y organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales que deseen unirse. El plazo para su conformación es de tres meses.
- Que la Procuraduría General de la Nación sea la encargada de vigilar que las medidas de protección sean aplicadas con rigor.
Apenas se dio a conocer la decisión, no faltó quienes celebraran y tampoco quienes la rechazaran.
Desde el Ministerio de Minas se cuestionó la forma en la que fue realizada la solicitud. Por su parte, la se ANLA alega que no ha incumplido las obligaciones de protección ambiental; mientras que la CAM sostiene que la tutela interpuesta no tiene fundamentos técnicos ni científicos sobre las afectaciones a la calidad del agua del afluente.
Otros “sujetos de derecho”
No es la primera vez que en Colombia se produce un fallo en defensa del medio ambiente.
El Magdalena entra a engrosar la lista de ecosistemas que son sujetos de derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración.
Atrato (Chacó), el páramo de Pisba (Boyacá), la Amazonia colombiana, los afluentes Otún, Coello, Combeima y Cocora y Cauca también gozan por estos días de la misma categoría que el río Magdalena.
¿Será suficiente esta declaración?
Pero no basta con la mera declaración, con la simple firma en el papel. Se necesita mucho más que eso para proteger los ecosistemas. Y es precisamente esto lo que abre el debate una y otra vez.
Algunos se preguntan qué pasa con este tipo de medidas cuando las políticas van en contravía; otros consideran que se trata de un gran avance jurídico que puede beneficiar no solo al afluente sino también a las comunidades. Y no falta quienes aseguran que se trata de una intención de alcance insuficiente o que es un tema meramente mediático. Y los más pesimistas dicen que es una medida que no va a resolver nada pues el problema en sí no es que el río se declare o no como sujeto de derechos sino la verdadera descontaminación.
Y las dudas surgen y se fortalecen toda vez que se sigue viviendo en un contexto en el que la naturaleza está al servicio del hombre. En el caso de Atrato, se ordenó el control de la minería, por ejemplo, pero ¿qué pasa si esa medida no va de la mano con la voluntad política y una eficiente articulación institucional? Nada. La recuperación y conservación es muy lenta, o en algunos casos es nula, se incumplen los plazos establecidos y no se concretan las investigaciones exigidas.
El fallo por sí solo no genera cambios sustanciales. Es un paso, sí, y necesario, pero debe venir acompañado no solo de órdenes, se precisan políticas para concienciar a la población acerca de la importancia de cuidar nuestros espacios naturales.
