Los accionantes de la tutela sustentan que la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo “ha generado contaminación como consecuencia del llenado del embalse y la biomasa inmersa, hecho que dio lugar a la afectación aguas abajo del embalse y el vertido de aguas servidas originadas en los municipios ribereños”. Consideran que con ello se están vulnerando los derechos fundamentales a la salud, al agua, al medio ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida digna de las comunidades que habitan en las zonas aledañas a tan importante fuente hídrica.
Los alegatos fueron revisados por el juzgado penal del circuito de conocimiento de Neiva, quien tomó una decisión que llama a la participación activa de la sociedad. Declaró que “el río Magdalena, su cuenca y sus afluentes son una entidad sujeta de derechos a la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”, Enel-EMGESA (la empresa que opera la represa de El Quimbo) y la comunidad en general.