Minería en Venezuela: un cóctel peligroso
Ya te hemos contado acerca de las consecuencias negativas derivadas de la extracción y explotación de minerales y te acercamos a los casos más representativos de Perú. En esta oportunidad, nos vamos a referir al impacto ambiental de la minería en Venezuela, específicamente en el Estado Bolívar donde un cóctel peligroso hace de las suyas: explotación, ilegalidad, deforestación y muerte.
Del rentismo petrolero a la minería a gran escala
Venezuela es un país de grandes riquezas minerales y naturales. Hierro, oro, plata, diamante, bauxita, coltán; de todo se puede encontrar allí. Una excelente noticia para todos, en especial para la industria minera, una eterna sedienta de inmensas ganancias, a la que el Estado le ha dado bastas concesiones.
Desde 1914, Venezuela se convirtió en un país productor de petróleo y, rápidamente, en un centro de operación de empresas multinacionales que vieron aumentar sus ingresos gracias a las maravillosas reservas de oro negro existentes en el territorio venezolano.
En adelante, junto al gas, el petróleo se posicionó como la base de la economía nacional; generaba alrededor del 95% de las ganancias de exportación; pero, cayó en picada. Desde el 2014, una serie de políticas ineficientes, cambiaron el panorama. Hoy el sector petrolero venezolano parece incapaz de sostenerse por sí solo, aunque desde las filas del gobierno intenten maquillarlo, e intenten buscar una ¿salida? desesperada. Hablan de la culminación de la era del rentismo petrolero, de la sobredependencia del oro negro, y proponen una nueva economía basada en la extracción de recursos naturales, presumiendo de la riqueza minera de Venezuela.
Arco Minero del Orinoco, un problema dorado
Con la esperanza de que la minería, especialmente de oro, sea el sustituto perfecto del petróleo, el gobierno de Venezuela en el año 2016 abrió las puertas de 112.000 kilómetros cuadrados de la región norte del Estado Bolívar y de Amazonas, al sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país; para que empresas nacionales y extranjeras se dediquen a la explotación legal de coltán, oro y diamante.
Dicha extensión, que representa el 12% del territorio nacional y que hasta entonces era conocida principalmente por sus bosques, su abundante vida silvestre y áreas indígenas, ha sido denominada como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Se trata de un proyecto que, desde su anuncio, ha generado preocupación por el impacto altamente negativo que pueden ocasionar las actividades extractivas en la zona, en la que se superponen reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente. Ante ello, el gobierno dispuso la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico con la promesa de velar por la recuperación de las zonas afectadas y por el respeto de las comunidades locales y los espacios naturales. Algo que dista mucho de la realidad.
A las comunidades indígenas, las principales afectadas con este ambicioso proyecto, no se les consultó antes, durante, ni después de su puesta en marcha. Muchas son las denuncias en las que se declara que, se violó el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que respecta a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Impacto ambiental de la minería en el Estado Bolívar y Amazonas
Según declaraciones oficiales, la minería en Venezuela, específicamente en el denominado Arco Minero, tendría un impacto mínimo en la capa superior del suelo, algo difícil de creer; pues el proceso de extracción del oro, en particular, requiere de métodos altamente disruptivos de minería a cielo abierto.
Para extraer oro, primero se emplean grandes maquinarias que eliminan el suelo y subsuelo. Luego, se utilizan motores o bombas hidráulicas que sacan el agua de los ríos para erosionar el suelo hasta lograr un hoyo lo más profundo y ancho posible. El fango extraído, se somete al mercurio para conseguir el tan ansiado oro. Esa es la parte “bonita” del cuento, lo malo viene a continuación:
Para cavar esos hoyos, se hace necesaria la deforestación de grandes extensiones de vegetación, poniendo en peligro parques nacionales y territorios indígenas ancestrales.
De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela son víctimas de la deforestación por las actividades mineras, especialmente por las ilegales:
- El Parque Nacional Canaima, declarado como Patrimonio Mundial por la Unesco.
- La Reserva Foresta de Imataca.
- Las reservas de La Paragua y El Caura.
- El Monumento Natural Cerro Guanay.
- Y por supuesto, el río Caroní, el segundo de mayor caudal y uno de los de mayor longitud en el país, del cual se alimenta la represa El Guri.
La pérdida de bosques, evidentemente, reduce la cantidad de sumideros de carbono; y, al mismo tiempo, los árboles talados liberan a la atmósfera cantidades significativas de carbono. De modo que, repercute directamente en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto aleja al país del compromiso adquirido en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en el que se acordó reducir las emisiones en 20% para el 2030.
Otro asunto que los ambientalistas ven con gran preocupación es que, la minería en Venezuela pone en peligro lo que hay en medio de las minas a cielo abierto. Argumentan que, las consecuencias ambientales generadas por el uso del mercurio y el cianuro como parte del proceso extractivo pueden ser potencialmente desastrosas. Puede generar:
- La acidificación de los ríos.
- El aumento de la turbidez.
- La sedimentación de los cursos de agua, lo que puede contaminar a los animales acuáticos y por ende a la cadena alimenticia en general.
Esto sin contar que también puede ocasionar problemas en los procesos hidroeléctricos. La falta de capa vegetal, causa que la lluvia se convierta en escorrentías en lugar de ser absorbidas por las raíces; arrastrando lodo y piedras hacia los ríos. En consecuencia, los embalses se llenan más lentamente y en menor cantidad, pues acumulan sedimentos en su fondo. En este sentido, la represa El Guri, ubicada en la cuenca del Río Caroní, la tercera hidroeléctrica más grande del mundo, puede afectarse y, por ende, afectar el abastecimiento de agua de una importante población del país.
A esto, se suman las elevadas concentraciones de polvo, ruido y daños a las infraestructuras, causadas por las infinitas detonaciones de explosivos en las minas y el indetenible tráfico de camiones.
Todo esto, sin duda, conduce a la destrucción de hábitats de la fauna de la zona, que, incluye a osos hormigueros, jaguares y nutrias gigantes; y por tanto, a una pérdida de gran riqueza biológica.
Además, al generar tanta destrucción, la minería en Venezuela elimina la posibilidad de desarrollo de otras actividades económicas como el turismo o la agroecología.
La Minería en Venezuela también es un problema social y cultural
En un complejo escenario económico, político y social, donde reina la impunidad, la minería ilegal ha encontrado su momento perfecto y se ha convertido en una grave amenaza, no solo para los ecosistemas, sino también para los pueblos indígenas.
Desde El Callao hasta Canaima, en todos los rincones del Estado Bolívar se ha acentuado la problemática.
Con el desarrollo del denominado “Arco Minero”, la región ha visto llegar a personas de todo el país (incluidos algunos indígenas, fuerzas militares, extranjeros, etc) interesadas en la extracción y venta de oro como una forma de obtener dinero rápido. Hay alrededor de 250.000 mineros de pequeña escala, algunos operan sus propias minas; otros, trabajan en minas controladas por grupos armados, por bandas organizadas, o por el mismo ejército venezolano.
Personas que pasan sus días en pozos y túneles mineros, muchas veces sin conocer los procesos, ni mucho menos, los riesgos a los que se enfrentan: el colapso de las minas, por ejemplo, o, una intoxicación debido al uso del mercurio en el amalgamiento del oro y posterior separación. La acumulación de mercurio en el cuerpo humano representa una amenaza para la salud, incluso, pueden darse daños neurológico y malformaciones congénitas en casos de recién nacidos.
Por otra parte, decenas de comunidades indígenas se han visto empujadas al aislamiento, dejando su estilo de vida tradicional. Los Hoti, los Yanomami y los Piaroa, son algunas de las comunidades que están siendo víctimas de los desdenes de quienes explotan los yacimientos. Unos han decidido refugiarse en lo más profundo de la selva, tratando de alejarse de todo lo que la actividad minera implica: la contaminación y destrucción de sus territorios, la reducción de espacios para sus actividades tradicionales, el trabajo forzado, las enfermedades epidémicas, y pare de contar. Otros, han optado por unirse al enemigo, y se han dedicado también a la minería.
Lo cierto es que, esa llegada masiva de personas a los Estados Bolívar y Amazonas ha propiciado el incremento de las enfermedades, especialmente el paludismo, la malaria y el dengue. Y es que, las condiciones en las que se agrupan y trabajan, por lo general, están prestas para una mayor reproducción de mosquitos, convirtiendo estos lugares en zonas de infección.
Por donde se le mire, la minería en Venezuela dejó de ser una actividad meramente artesanal, propia de las comunidades indígenas. Se transformó en una actividad violatoria del marco legal, en detrimento del ambiente, de las áreas protegidas, de las comunidades locales y de su integridad social y económica. Pasó a ser un cóctel que pone en peligro a toda forma de vida posible en el llamado Arco Minero y sus alrededores. Entonces, cabe preguntarnos, o más bien preguntarle a quienes hoy conducen el país: ¿Es realmente la minería la alternativa económica que necesita Venezuela?
