Se sabe que cerca de 111.800 personas fueron sometidas a detectores y 249 presentaron algún grado de contaminación, interna o externa, de las cuales 4 murieron. Este accidente fue clasificado en la escala INES como nivel 5.
Una investigación, concluida en 1994, consideró que la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el Gobierno Federal, el Estado y la Alcaldía de la ciudad, debían ser considerados responsables por el accidente, por no haber cumplido con su deber legal de inspeccionar la clínica cerrada. Cuatro médicos, dueños de la clínica, y un físico empleado por ellos, también fueron considerados culpables.