La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su Lista Roja, tiene inscrita a la jirafa dentro de las especies en estado de vulnerabilidad. Señala el organismo cuatro amenazas principales contra las jirafas, todas relacionadas directa o indirectamente con las actividades humanas, siendo la más importante la pérdida de sus territorios.
A medida que la población de humanos crece, aumentan los asentamientos y se hace necesario construir carreteras, tomar terrenos para la agricultura no maderera y la ganadería. A esta realidad se le suman además la caza furtiva y los conflictos armados civiles o militares.
En el año 2019, durante la celebración de la conferencia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), las jirafas fueron incluidas en un programa de protección que restringe el comercio internacional de esta especie.
Esta medida produjo el enfrentamiento entre dos grupos con visiones opuestas acerca del futuro de las jirafas. La medida implementada por la CITES fue promovida y apoyada por los países del África centro occidental, alarmados por el declive en el número de ejemplares. En contravía a esta iniciativa se ubicaron los países del sur del continente.
Los representantes de Botsuana, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue, dijeron que recurrirían la medida, pues no están de acuerdo con que se les aplique a ellos las restricciones al comercio de jirafas. Alegan que sus manadas no solo tienen un número adecuado de ejemplares, sino que inclusive el número de individuos ha aumentado. Una posición que no resulta extraña dado que estos países perciben importantes ingresos por concepto de safaris de caza.