Impuestos verdes: necesarios contra el cambio climático
La fiscalidad ambiental, o fiscalidad verde, consiste en la utilización de métodos impositivos que contribuyan a mitigar los efectos negativos en el medioambiente de ciertas actividades económicas y a estimular las buenas prácticas medioambientales. Esta modalidad de impuestos se encuentra fundamentada en un principio de responsabilidad para con el medioambiente muy sencillo: quien contamina más, debe tributar más.
Frente al calentamiento global, principal responsable del cambio climático, causado a su vez por un voraz modelo de desarrollo económico, el sentido común indicaría que los más grandes contaminadores deberían ser pechados con más tributos, pues sería una manera de desestimular el uso de energías no renovables y el desarrollo no sostenible.
La gran catástrofe medioambiental en la que se encuentra el planeta exige medidas urgentes y efectivas, que logren reducir las emisiones de gases contaminantes y que contribuyan al avance del uso de energías limpias para un desarrollo sostenible. La fiscalidad verde vendría a ser una herramienta vital para alcanzar ese objetivo.
Según la definición técnica elaborada en 1997 por distintos organismos de la Unión Europea, los impuestos ambientales son aquellos cuya base imponible está fundamentada en una unidad física, o similar, de algún material que ocasione un impacto negativo sobre el medioambiente.
Otras definiciones añaden una característica adicional de estos instrumentos impositivos. Los impuestos verdes no son necesariamente recaudatorios. Su finalidad es corregir, mediante un impuesto las consecuencias negativas que acarrea una actividad productiva. Esto es lo que en economía se conoce como externalidad. Se busca también que el precio final del producto refleje el costo de esa externalidad.
Cuáles son las actividades gravables
Cada país cuenta con su propia legislación en materia fiscal impositiva y ambiental y se aplican en distintos niveles, desde el ámbito nacional hasta el regional. Sin embargo, a nivel internacional, los impuestos verdes gravan las siguientes actividades.
- Emisiones de distintos gases de efecto invernadero (GEI) como nitrógeno y dióxido de nitrógeno, gases que emiten principalmente los vehículos de combustión.
- Emisiones de dióxido de azufre que se producen por la quema de carbón y la combustión de productos derivados del petróleo. Este gas es el principal responsable de la lluvia ácida.
- Emisiones de dióxido de carbono.
- Productos derivados del petróleo como gasolinas, diésel, keroseno, biodiésel y otro tipo de combustibles.
- Ruido, especialmente el derivado del despegue y aterrizaje de aviones.
- Productos que afecten a la capa de ozono.
- Transporte aéreo comercial, dependiendo de la distancia recorrida.
- Manejo de la tierra y extracción, uso y disfrute de recursos naturales.
- Gestión de residuos.
- Vehículos contaminantes y todas las gestiones que se derivan de su adquisición.
Impuestos verdes, sí, pero con matices
Desde distintos sectores de la sociedad se habla de la necesidad de hacer reformas para que este tipo de impuestos de verdad tengan un efecto de freno al cambio climático y que se apliquen de manera justa y equitativa.
Muchas veces la aplicación de impuestos verdes o ambientales trae aparejados una serie de objeciones desde varios sectores de la sociedad. Desde el empresariado y los trabajadores a menudo se escuchan argumentos en contra de estos tributos pues se considera que inciden negativamente en la competitividad y en el empleo y terminan afectando a las capas menos favorecidas de la población.
Plataformas ambientalistas, que reúnen a varias organizaciones, afirman que frente al crecimiento de la desigualdad, tanto social y económica como de responsabilidad con los principales problemas de contaminación medioambiental, abogan por hacer reformas fiscales que estimulen las acciones positivas con el hábitat por parte de las capas de la población más vulnerables y que los actores económicos que más impactan al medioambiente sean los que más aporten al fisco.
Algunas políticas fiscales se han aplicado sin hacer diferencias en el nivel de responsabilidad que tiene cada factor de la ecuación económica. Si bien aplicar medidas impositivas para salvaguardar el maltrecho medioambiente es de clamorosa urgencia, su aplicación puede aumentar las desigualdades entre pobres y ricos.
Las emisiones de CO2 por consumo nunca podrán ser iguales entre quienes perciben una renta elevada y los que viven con salarios mínimos. Igualmente, en transporte y en emisiones de GEI las diferencias son sustanciales. Protestas de profundo calado social como la de los Chalecos Amarillos en Francia expresan como una medida, necesaria para el planeta, puede mover a la opinión pública en contra.
Las inquietudes de los grupos ecologistas surgen también porque la tasa de recaudación por concepto de impuestos medioambientales, al menos en la Unión Europea, ha descendido, tal como lo revela un informe de Fundación Alternativas, quienes presentan propuestas para España de manera particular, pero ofrece un panorama bastante claro sobre la fiscalidad verde en toda la Unión Europea.
Avanzar hacia una economía cero emisiones, que frene el calentamiento global y el cambio climático, es apremiante. La fiscalidad verde es una estrategia que de aplicarse de manera correcta, diferenciada y equitativa contribuye de forma efectiva en el cambio hacia un desarrollo sostenible.
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