Los Bonos de Carbono son uno de los instrumentos establecidos en el Protocolo de Kioto para tratar de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Esta figura establece que el derecho a contaminar es un bien con un valor canjeable y con un precio establecido en el mercado. Un bono de carbono expresa el derecho que tiene una empresa a emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono.
Por un lado, permite que los países desarrollados, los que más contaminan, paguen por tener derechos de emisión de gases contaminantes, y por el otro beneficia a los países que incentiven y promuevan el desarrollo sustentable, el respeto por los ecosistemas y la inclusión social.
El sistema de bonos de carbono funciona como lo hace cualquier otro mercado, es decir, donde interactúan dos figuras: el comprador y el vendedor y ambos cumplen una función determinada. El comprador se compromete a llevar a cabo los pagos correspondientes y el vendedor garantizará que se realizarán las actividades de reforestación y desarrollo sostenible que avalen los bonos que el comprador adquirió.
Las reducciones en las emisiones de GEI son medidas en toneladas de CO2 y se expresan en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que no se emitió a la atmósfera y puede ser transado y ofrecido a las empresas de los países del Anexo I (los más industrializados) según lo establecido en el Protocolo de Kioto.
Algunas de las actividades económicas que se pueden llevar a cabo para obtener una certificación son la generación de energías renovables, adecuación de procesos productivos para hacerlos más eficientes y sustentables, siembra de vegetación, limpieza de lagos y ríos o la recolección de plásticos.